La Junta defiende que la línea eléctrica de la Contraviesa no tiene impactos críticos

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha defendido que la evaluación de la alternativa elegida para la línea de alta tensión en la Sierra de la Contraviesa, en la Alpujarra de Granada, «no recoge impactos críticos». Lo ha dicho en la comisión parlamentaria de su departamento, en respuesta a una pregunta de Por Andalucía.

El diputado Rafael Sánchez-Rufo preguntó cuántas alternativas se presentaron, quién las propuso y si la Administración hizo estudios de otras opciones «menos lesivas para el territorio». Se refirió a una línea de 9.787 metros sobre 39 apoyos, que ha despertado la oposición de comunidades locales, vecinos y organizaciones agrarias por su afección al paisaje y a los sectores productivos, sobre todo a los paisajes vitivinícolas y a la actividad en la zona del Cerro de las Monjas.

Sánchez-Rufo no cuestionó los permisos, sino que puso en duda que se hayan estudiado alternativas para minimizar el impacto. Dijo estar convencido de que hay que mejorar la infraestructura eléctrica y avanzar en la transición energética, pero que «la rentabilidad para las empresas no puede ser el único grifo».

Martínez explicó que la evaluación ambiental incluyó el análisis de alternativas presentado por la entidad promotora y medidas para minimizar los efectos ambientales y paisajísticos. Recordó que corresponde al promotor plantear las alternativas en el estudio de impacto ambiental y a la Administración evaluarlas, y que aquí «se han analizado tres opciones», de las que salió la elegida como óptima.

Según la consejera, el 11 de septiembre de 2024 la Delegación Territorial de Granada resolvió la autorización ambiental unificada del proyecto, que conecta dos líneas existentes entre la ermita y Barranco Oscuro. La evaluación consideró el impacto compatible, teniendo en cuenta las medidas correctoras, y el informe de ordenación del territorio concluye que es coherente con las determinaciones territoriales y no genera incidencia territorial negativa, aunque exige medidas para reducir su afección al paisaje durante toda la vida de la instalación.

El proyecto se sometió a información pública en el BOJA y se publicó en los tablones de los ayuntamientos afectados, sin que se recibiera ninguna alegación.

• Los apoyos deberán tratarse en tonos pardos, ocres o verduzcos acordes con el entorno.
• Habrá que presentar un estudio del impacto visual real para verificar la imperceptibilidad de la infraestructura.
• Se exige control arqueológico de los movimientos de tierra del apoyo número 9, y podrán fijarse medidas cautelares para proteger el patrimonio histórico.
• Para minimizar el impacto agrícola, se priorizan los apoyos en las lindes y en las zonas menos productivas, aprovechando los caminos existentes.

Martínez subrayó que las condiciones de la autorización ambiental «son obligaciones para el promotor».